¿A quiénes beneficiaría el “Acuerdo” por la Araucanía?

El 24 de septiembre el Presidente, Sebastián Piñera, presentó su propuesta de Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, que aspira a ser uno de los cinco “grandes acuerdos nacionales” que pretende impulsar su gobierno. Es una iniciativa encabezada por el ministro, Alfredo Moreno, que recoge propuestas de la comisión asesora presidencial implementada el 2017 durante el mandato de Michelle Bachelet y que se basa en tres principios: la voluntad de diálogo, acuerdo y búsqueda de paz; el reconocimiento y valoración de nuestra diversidad; y, el desarrollo integral e inclusivo para la región. Dada la importancia de esta propuesta y las discusiones que ha generado, resulta necesario discutirla a fondo, analizar sus objetivos y problematizar sus eventuales alcances.

La propuesta tiene como principal objetivo potenciar la inversión económica en la región, garantizando un clima social y político estable para ello. En este sentido, no apunta a abordar las demandas por territorio, autodeterminación y autonomía reclamadas por los mapuche durante las últimas dos décadas e incluso, podríamos afirmar que el “acuerdo” es contrario a estas aspiraciones.

Así, aunque se proponen medidas hacia la población mapuche, éstas apuntan sobre todo a favorecer y restablecer confianzas de las elites regionales y empresariales que perciben se ha cedido demasiado frente a las movilizaciones mapuche y los avances en materia de reconocimiento de la diferencia cultural. De allí la adhesión de estas elites al “acuerdo” y que la “paz” pregonada no sea otra cosa que una fórmula de reconciliación y reafirmación de las jerarquías socio-raciales en la Araucanía. Reconciliación que para el caso mapuche se aterrizaría en un paquete de iniciativas dirigidas a potenciar la diferencia cultural como nicho empresarial, a la par de medidas de reconocimiento débiles, desfasadas, insuficientes, propias de un multiculturalismo neoliberal tibio y sutil.

No es casual, por tanto, que el plan del gobierno produzca el rechazo de un amplio espectro de actores y comunidades, particularmente a raíz del interés del gobierno y empresarios de modificar la Ley 19.253 para que las tierras indígenas -fundamentalmente a través de arriendos- se incorporen y subsuman en el negocio forestal, inmobiliario o la reconversión productiva en los rubros agrícola, turístico y energético.

No obstante lo anterior, un aspecto que ha tenido menor atención en el debate es el mecanismo para lograr “el desarrollo integral e inclusivo para la región”. La propuesta pretende aumentar la inversión privada, asumiendo que la mayor inversión conllevaría a un menor desempleo, mejores salarios y mayor diversidad de fuentes laborales. Así, desde la lógica del actual gobierno, la “mano invisible” del mercado beneficiará a todos y como resultado tendremos una región más integrada e inclusiva. Pero ¿la inversión por si sola es capaz de lograr este objetivo? Experiencias previas pueden iluminar una posible respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los efectos de la inversión que realizó la industria forestal en el sur de Chile y que se favoreció del subsidio estatal a través del Decreto de Ley 701? Industria que creció de 300.000 hectáreas en el año 1974 a 2.700.000 hectáreas el 2013.

Los resultados iniciales de una investigación que estamos realizando y que utiliza datos de 180 comunas (6 regiones) en un periodo de 15 años, muestran que la expansión de la industria forestal no aumentó los ingresos, no redujo el desempleo, pero sí aumentó la pobreza y la desigualdad entre la población indígena y no indígena. Por ejemplo, en la comuna de Ercilla, emblemática en el llamado “conflicto”, un trabajador mapuche gana la mitad del sueldo de un trabajador no mapuche. En Lumaco, donde más del 60% del territorio está cubierto por plantaciones forestales, un trabajador mapuche gana el 66% del sueldo de un trabajador no mapuche (Casen, 2017).

Es cierto que estas brechas también pueden ser explicadas por otros factores, tales como nivel educativo, rama laboral u ocupación del trabajador. Sin embargo, las cifras nos muestran no sólo el rezago en que se encuentra la población mapuche en la región, sino también cómo la expansión del monocultivo forestal ha profundizado las desigualdades socio-raciales en la Araucanía.

En este sentido, adquiere relevancia preguntarnos si podrá la propuesta presentada por el gobierno revertir este escenario y lograr un desarrollo integral e inclusivo para la región. Basado en los resultados de la expansión de la industria forestal, es necesario ser cautelosos sobre el real alcance del aumento de la inversión privada. La “mano invisible” del mercado no logra mayor integración e inclusión, más bien podría generar el resultado opuesto. De allí que cualquier interés serio por  transformar las condiciones de pobreza y desigualdad en Araucanía necesariamente deberá partir por abordar, al menos, dos problemas de fondo: los derechos políticos y territoriales mapuche conculcados como la necesidad de un modelo económico alterno al patrón histórico extractivo.

En caso contrario, los “acuerdos” como el propuesto por el actual gobierno sólo beneficiarán a los mismos actores de siempre, continuarán profundizando las desconfianzas históricas, la pobreza y la desigualdad socio-racial.